EL NACIONAL · SÁBADO 06 DE AGOSTO DE 2011 · CULTURA/3
vía: @grjoseluis
LEGISLACIÓN | Expertos critican el carácter centralista del proyecto del oficialismo
El texto establece que las instituciones subsidiadas deberán prestar sus sedes a las comunidades
El instrumento debe enfocarse en garantizar espacios para la creación,dice el escritor y gestor cultural Antonio López Ortega. [Foto: Raúl Romero]
Una vez aprobada la Ley del Deporte, comenzará el debate de la ley orgánica de cultura. Dos borradores reposan actualmente en la Asamblea Nacional. El texto propuesto por el oficialismo está basado en el modelo estatista francés; el que trabaja la oposición desde hace menos de un año es una mezcla de la ley gala con la estadounidense, de corte liberal. Ambos han generado polémica. El PSUV ha criticado el carácter mercantilista del proyecto presentado por la oposición, y del otro lado de la acera se señala que la propuesta oficialista busca cercar políticamente el sector cultural. El tema más sensible es el financiamiento de la actividad cultural. En el artículo 30 del borrador oficialista se establece que las instituciones que reciban apoyo económico del Estado deberán ceder espacios de manera gratuita a las comunidades. Más adelante, en el artículo 42, se sugiere que los artistas noveles nacionales no deberán ser desmejorados salarialmente ante artistas foráneos o nacionales con trayectoria. En la oposición, se estudia el retorno de las fundaciones de Estado, consideradas "principados" por las nuevas autoridades en materia cultural. Todo parece indicar que el texto que entrará a discusión en las próximas semanas será el oficialista.
A juicio de la gerente cultural Graciela Pantin, el borrador del oficialismo no pasa de ser "una terrible caricatura" de los proyectos que desde 2001 hasta la fecha se han elaborado en Venezuela. "Lamentablemente se ha perdido el sentido de ley orgánica y, en el afán que tiene el equipo de Gobierno de ponerse el ropaje de constitucionalista, lo que han logrado componer es un esperpento que está más cerca de un mal discurso demagógico y patriotero que de un instrumento legislativo. Confunden instancias de gestión y dejan de lado componentes definitorios del sector como son, por ejemplo, los museos".
Lo ideal para Pantin sería desechar ese texto y partir desde cero, comenzar a trabajar con especialistas e incluir a todos los sectores que hacen vida en el país, y no sólo al oficialismo. Critica especialmente el artículo 42, de reconocimiento a la trayectoria del artista nacional. "Ese artículo resume el tenor general de este documento: confundir proteccionismo con aislacionismo y estímulo con paternalismo, y la satanización del cruce creativo entre las culturas internacionales. El creador que es bueno trabaja aquí y en la `conchinchina’. Normativas como esta disminuyen el trabajo del artista joven y, en lugar de alcanzar esa pretendida defensa, lo discrimina".
Sin ideologías. Tulio Hernández, sociólogo y asesor de varias legislaciones culturales en Latinoamérica, considera que el principal problema del proyecto es su talante ideológico. "Una ley de cultura debe estar exenta de definiciones como `socialista’; también debe ir acorde a los tiempos que se viven. Ya no tiene sentido hablar de la amenaza de fuerzas externas contra la cultura nacional, porque hace años que la Unesco definió los lineamientos para la protección de la diversidad cultural. Creo que en el fondo el texto reproduce el proyecto centralista, concentrador de poder y partidario del pensamiento único que se ha visto reflejado en las leyes que regulan otros ámbitos". De acuerdo con Hernández, la legislación contemporánea ha superado el debate de sobreprotección a la identidad nacional. A su juicio, el borrador oficialista se quedó estancado en los años sesenta y no toma en cuenta el modelo globalizador propio de la era de Internet.
Para Antonio López Ortega, escritor y gestor cultural, la ley debe tomar en cuenta al sector privado como complemento del Estado en la promoción y el financiamiento de la actividad cultural. "No se debe perder de vista que sin creación no hay procesos culturales. Los espacios de creación son endebles, frágiles. Lo esencial es asegurar que los autores, coreógrafos, actores, músicos y artistas en general tengan las mínimas herramientas para crear".
Además del financiamiento a los talentos nacionales, el texto establece la creación de un fondo de protección social para los trabajadores de la cultura, políticas fiscales para incentivar la inversión en el sector y la conservación y repatriación de los bienes que sean declarados patrimonio cultural.
Deuda pendiente
La mayoría de los expertos consultados coinciden en la necesidad de redactar una ley de cultura. Graciela Pantin señala que si la cultura es un componente del sistema social —como la educación o la salud— requiere de una ley que la vincule con los derechos y garantías constitucionales.
Para Antonio López Ortega, se trata de una deuda pendiente que el país tiene desde la fundación del Conac, en 1975. "La creación del Ministerio de Cultura fue un decreto del Ejecutivo. En la Constitución de 1999 hay cuatro artículos sobre deberes y derechos culturales que no se ven reflejados en el proyecto legal vigente".
A juicio de Tulio Hernández, lo ideal es que la ley regule aspectos concretos que no han sido superados por los instrumentos parciales existentes, como la Ley de Cinematografía, por ejemplo.
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