Fuente: El Mundo http://bit.ly/hrqRLk Mar 21, 2011
Por: Lisseth Boon lboon@cadena-capriles.com
Principios de transparencia
1 Los dineros públicos son sagrados.
2 No se aceptan transacciones de poder político por intereses burocráticos o económicos.
3 El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de transformación cívica.
4 Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan a través de espacios de participación ciudadana.
5 El interés público prevalece sobre los intereses particulares.
6 La gestión de lo público es transparente.
7 No se utiliza el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones.
8 La confianza en las personas que dirigen la administración es esencial para garantizar la legitimidad del Estado y la gobernabilidad.
Fuente: Feria de la Transparencia/Alcaldía de Medellín Lisseth Boon
Las leyes de contrataciones públicas existen para garantizar transparencia en los procesos de selección de las empresas e instituciones que se encargan de construir obras, prestar servicios y manejar bienes con los dineros públicos. Se trata de un principio que la administración pública en Venezuela suele pasarlo por alto, aunque haya un marco regulatorio sobre el tema.
Es lo que observa Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional capítulo Venezuela, una organización activa contra la corrupción y sus consecuencias para la sociedad, las instituciones y sus habitantes.
Para la experta, las exigencias de estas leyes buscan que los recursos se inviertan de la mejor manera y que todas las empresas que reúnan los requisitos tengan la oportunidad de participar en la licitación de una obra y servicios, correspondientes a los gobiernos central, regional o municipal. Eso garantiza igualdad ante la ley.
También la escogencia mediante procedimientos licitatorios asegura que se seleccionen a los mejores y de que los dineros públicos sean correctamente invertidos. "Es una manera de evitar el soborno y extorsión desde la posición de dominio que otorgan los cargos públicos", explica.
La regulación en contrataciones públicas es un tema pendiente en Venezuela. "Mientras otros países vecinos avanzan en el tema de transparencia administrativa, aquí sucede al revés. Los funcionarios deciden en beneficio de los suyos. Si contratas a un hermano, un primo, el nivel de exigencia nunca será el mismo. Y como todo es secreto, no se pueden aplicar sanciones públicas si no cumples con los compromisos. Incluso, la sociedad venezolana exige que te portes así. Es un país de cómplices".
Mausoleo en la mira
A criterio de De Freitas, en cualquier parte del mundo, una obra tan importante como el mausoleo para el Libertador merece un concurso abierto que convoque a los mejores arquitectos, no solo nacionales sino también internacionales. "La selección de los diseñadores y constructoras debería ser un proceso muy transparente, donde todos tengan oportunidad de participar, en una obra que sea un legado para la ciudad y su historia".
En Venezuela se desconoce todo el proceso licitatorio detrás del templo para Simón Bolívar, afirma De Freitas, al contrario de otros países latinoamericanos, en los que se habla abiertamente del concurso para la construcción de monumentos emblemáticos, al punto de discutir detalles del diseño y materiales a utilizar, en un proceso educativo que termina por enamorar y llenar de orgullo a los habitantes de esas naciones.
Las ciudades sí merecen una inversión en obras de gran dimensión, como el panteón para el Libertador, considera la directora de Transparencia Internacional. Pero le llaman la atención las prioridades del Ejecutivo cuando se aprueban Bs.F. 119,5 millones para un solo monumento, mientras que se dedican apenas Bs.F. 50 millones para el mantenimiento y construcción de cárceles en Venezuela para todo el año 2011.
Regulaciones faltantes
Una de las leyes necesarias para la lucha contra la corrupción en Venezuela es la de conflicto de intereses. "Cuando tienes un cargo público, con poder de decisión sobre una obra o bien público, estás obligado a abstenerse y evitar involucrar a tu familia. Incluso, tienes el imperativo de declarar conflicto de intereses si se presentan", aclara De Freitas". El poderoso está obligado a abstenerse y la sociedad debería exigir a cualquier funcionario que reserve su participación en estas irregularidades, que pondrían en entredicho las decisiones del sector público".
Algunos avances
¿Ahora hay más corrupción que antes? De Freitas aclara que "no se pueden comparar los resultados de los últimos 12 años con los gobiernos anteriores. Anteriormente no existían las convenciones internacionales de la OEA y de las Naciones Unidas que midieran los índices en esta materia. Además, el concepto de irregularidades administrativas no estaba muy claro ni tipificado, los gobiernos no acostumbraban a celebrar licitaciones para asignar las obras públicas".
La comparación aplica con respecto a otros países, donde se ha avanzado en las leyes de contrataciones públicas y responden a los convenios internacionales que Venezuela también ha suscrito.
En Venezuela se han dado ciertos avances hacia una mayor transparencia administrativa. Tal es el caso de la sistematización del Sistema Nacional de Contrataciones y su registro on line, destaca De Freitas.
"Se reconoce una mejoría, aunque aún es complicado registrar las empresas, debería estar más digitalizado. Además, por ser información pública, cualquier venezolano debería tener acceso a todos los datos; por ejemplo, a los contratos. Se publican los concursos abiertos, pero de las grandes obras sabemos poco, como el Mausoleo para el Libertador".
Aparte, la última reforma de la Ley de Contrataciones Públicas amplió las excepciones. Ya no hay que rendir cuentas en casos como programas sociales, convenios internacionales y emergencias.
"Si es cierto lo que la prensa está denunciando del ministro Farruco Sesto, acerca de las irregularidades en la licitación de empresas para el nuevo mausoleo, se está ofreciendo un mal modelo de funcionario público", concluye De Freitas.
Es lo que observa Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional capítulo Venezuela, una organización activa contra la corrupción y sus consecuencias para la sociedad, las instituciones y sus habitantes.
Para la experta, las exigencias de estas leyes buscan que los recursos se inviertan de la mejor manera y que todas las empresas que reúnan los requisitos tengan la oportunidad de participar en la licitación de una obra y servicios, correspondientes a los gobiernos central, regional o municipal. Eso garantiza igualdad ante la ley.
También la escogencia mediante procedimientos licitatorios asegura que se seleccionen a los mejores y de que los dineros públicos sean correctamente invertidos. "Es una manera de evitar el soborno y extorsión desde la posición de dominio que otorgan los cargos públicos", explica.
La regulación en contrataciones públicas es un tema pendiente en Venezuela. "Mientras otros países vecinos avanzan en el tema de transparencia administrativa, aquí sucede al revés. Los funcionarios deciden en beneficio de los suyos. Si contratas a un hermano, un primo, el nivel de exigencia nunca será el mismo. Y como todo es secreto, no se pueden aplicar sanciones públicas si no cumples con los compromisos. Incluso, la sociedad venezolana exige que te portes así. Es un país de cómplices".
Mausoleo en la mira
A criterio de De Freitas, en cualquier parte del mundo, una obra tan importante como el mausoleo para el Libertador merece un concurso abierto que convoque a los mejores arquitectos, no solo nacionales sino también internacionales. "La selección de los diseñadores y constructoras debería ser un proceso muy transparente, donde todos tengan oportunidad de participar, en una obra que sea un legado para la ciudad y su historia".
En Venezuela se desconoce todo el proceso licitatorio detrás del templo para Simón Bolívar, afirma De Freitas, al contrario de otros países latinoamericanos, en los que se habla abiertamente del concurso para la construcción de monumentos emblemáticos, al punto de discutir detalles del diseño y materiales a utilizar, en un proceso educativo que termina por enamorar y llenar de orgullo a los habitantes de esas naciones.
Las ciudades sí merecen una inversión en obras de gran dimensión, como el panteón para el Libertador, considera la directora de Transparencia Internacional. Pero le llaman la atención las prioridades del Ejecutivo cuando se aprueban Bs.F. 119,5 millones para un solo monumento, mientras que se dedican apenas Bs.F. 50 millones para el mantenimiento y construcción de cárceles en Venezuela para todo el año 2011.
Regulaciones faltantes
Una de las leyes necesarias para la lucha contra la corrupción en Venezuela es la de conflicto de intereses. "Cuando tienes un cargo público, con poder de decisión sobre una obra o bien público, estás obligado a abstenerse y evitar involucrar a tu familia. Incluso, tienes el imperativo de declarar conflicto de intereses si se presentan", aclara De Freitas". El poderoso está obligado a abstenerse y la sociedad debería exigir a cualquier funcionario que reserve su participación en estas irregularidades, que pondrían en entredicho las decisiones del sector público".
Algunos avances
¿Ahora hay más corrupción que antes? De Freitas aclara que "no se pueden comparar los resultados de los últimos 12 años con los gobiernos anteriores. Anteriormente no existían las convenciones internacionales de la OEA y de las Naciones Unidas que midieran los índices en esta materia. Además, el concepto de irregularidades administrativas no estaba muy claro ni tipificado, los gobiernos no acostumbraban a celebrar licitaciones para asignar las obras públicas".
La comparación aplica con respecto a otros países, donde se ha avanzado en las leyes de contrataciones públicas y responden a los convenios internacionales que Venezuela también ha suscrito.
En Venezuela se han dado ciertos avances hacia una mayor transparencia administrativa. Tal es el caso de la sistematización del Sistema Nacional de Contrataciones y su registro on line, destaca De Freitas.
"Se reconoce una mejoría, aunque aún es complicado registrar las empresas, debería estar más digitalizado. Además, por ser información pública, cualquier venezolano debería tener acceso a todos los datos; por ejemplo, a los contratos. Se publican los concursos abiertos, pero de las grandes obras sabemos poco, como el Mausoleo para el Libertador".
Aparte, la última reforma de la Ley de Contrataciones Públicas amplió las excepciones. Ya no hay que rendir cuentas en casos como programas sociales, convenios internacionales y emergencias.
"Si es cierto lo que la prensa está denunciando del ministro Farruco Sesto, acerca de las irregularidades en la licitación de empresas para el nuevo mausoleo, se está ofreciendo un mal modelo de funcionario público", concluye De Freitas.
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