Por: Daniel Fermín
Fotografía: Venacio Alcazares.
La intervención al Museo de Arte Moderno Jesús Soto tiene sus antecedentes. Para Cristóbal Soto, hijo del artista fallecido en 2005, se resume en un impasse con Mayrim Porras, ex directora de la institución ubicada en Ciudad Bolívar e hija del presidente de la junta interventora. Ahí inició todo.
La historia la cuenta el presidente de la fundación que administra -o administraba- el museo: "El 5 de junio de 2011, Mayrim Porras expulsó groseramente del museo a Marisela Soto, miembro de la familia, quien realizaba un inventario de obras con registro fotográfico de los problemas de conservación", recordó Soto, quien viajó desde París para intentar aclarar el caso.
"El 23 de junio le solicité a la señora Porras su renuncia, y acordamos que el 30 de ese mes haría la entrega de su cargo. En días posteriores, me escribió para informarme que no quería renunciar, y quedó claro que yo asumía removerla del cargo", agregó el también músico y compositor, que reside en Francia.
Luego pasó lo siguiente: la aparición de Porras con su padre Teodardo y "un gran número de hombres armados", según Soto, el decreto de intervención por parte de la gobernación del Estado y la suspensión temporal de la fundación que dirige el centro creado en 1973.
"Exijo disculpas de los allanadores a todas las personas presentes en el museo en ese momento. Así como a las que ofendieron. No acepto a las personas que hayan allanado como interlocutores válidos. Esa gente para mí está descalificada", dijo Soto, que se reunión con el ministro Pedro Calzadilla a su llegada al país.
-La junta interventora asegura que todo se dio por razones administrativas
-Si fue por razones administrativas, no hace falta una intervención armada. No hace falta un allanamiento, hace falta que haya un cambio de director y nombrar una comisión encargada de revisar la administración. No era necesario una junta interventora ni suspenderme a mí como presidente de la fundación. Además, el señor Porras dijo que no ha sucedido nada indebido. Si uno no está seguro no interviene de esa manera.
-¿Qué pasará con las obras que están en el museo?
-Espero que no sufran. Al fin y al cabo lo que interesa del museo son las obras. La gente cambia, las obras quedan. Ahí hay 680 piezas, aproximadamente.
-¿Siente temor por lo que pueda pasarles?
-Claro. Si esa gente es capaz de llegar con policías, con escoltas armados, no me parece que sea la que deba proteger una obra de arte. Que vayan a proteger una cárcel. El museo Soto no es el Rodeo. Gente que actúa así, por la fuerza, cómo actuará ante una obra. Además, ya suspendieron al jefe de seguridad, una persona que tiene 20 años trabajando ahí y del que nadie ha tenido quejas.
-¿Cree que esta junta interventora tiene la capacidad de manejar el museo?
-No sé, pero tendrá que rendir cuentas en algún momento.
-¿Cuál es la situación actual de la institución?
-Yo oficialmente no sé que pasa en el museo, cómo está funcionando. Sé que está abierto, que los empleados están trabajando, pero nada más.
-¿Cuál es el valor histórico que hay ahí dentro?
-Es muy grande. Es un poco difícil para mí calificarlo. Se trata de mi padre. Para mí es lo más importante del mundo. La obra de cualquier padre siempre será lo más importante que pueda existir. Es importante, entre otras cosas, porque es reconocido por todos los medios culturales y de artes plásticas del país desde hace 40 años.
-¿Y en esos 40 años, el museo había pasado antes por una situación así?
-Nunca. El museo ha tenido problemas, como toda institución. Ha habido cambios de directores. Quizás unos 10 en 40 años, pero un allanamiento de un grupo armado, jamás.
-¿Qué medidas tomará la Fundación Jesús Soto?
-Por ahora, la medida que tomamos es una posición de no aprobar ni reconocer el allanamiento, ni todo lo que ha sucedido después. Le escribimos al gobernador (Francisco Rangel), esperamos su respuesta. En función de ella, podemos actuar. Hay muchas formas, pero aún no sé cual será.
-¿Qué conclusiones sacó de la reunión del lunes con el Ministro de Cultura?
-La concertamos antes de salir de Francia. Cuando pude conversar con el ministerio, en seguida me invitaron a reunirme con ellos. El ministro, como tiene información por la otra parte, dice que no ha habido allanamiento. Pero yo tengo testigos. Él mandó una comisión a investigar. No sé los resultados de esa investigación. Habrá que preguntárselo a ellos.
-La junta nombró como director temporal, por los seis meses que dura la intervención, a Marlon Acosta
-Yo no conozco a ese señor. Cuando yo estaba en el museo nunca se preocupó por acercarse. Y la directora Porras nunca me puso en contacto con él. Si pensaba que él tenía conocimiento de museos, ha podido hacerlo. No lo ha hecho. Me preocupa que sea una persona que yo no conozca y me preocupa cualquier persona que nombren ellos. Cualquier persona que designen esos allanadores me preocupará. Porque alguien que apruebe un allanamiento -y Acosta participó en ese allanamiento- no puede ser aceptado por la familia Soto. Además, fue algo sin ningún fundamento legal.
-¿Quiénes son los perjudicados con todo esto?
-Los que estamos suspendidos de nuestras funciones; los empleados del museo, que han tenido que soportar eso; el pueblo de Bolívar; los venezolanos de otras partes que quieran visitar el museo, que no sé si lo harán en esas circunstancias. Hay mucha inquietud en el medio cultural guayanés. He recibido llamadas de artistas que están escandalizados. El hecho de que el museo esté en manos de personas de esa clase, los tiene muy preocupados.
-Usted asegura que el Gobierno de Bolívar intervino por un impasse profesional. ¿Pudo haberse evitado?
-Por supuesto. Si ellos mismos dicen que no saben si ha sucedido algo indebido ahí, con nombrar una comisión para averiguar qué sucedía en la administración, o pedir una discusión de los estatutos del museo, nos hubiésemos sentado a hacerlo, como sucede siempre. Yo participé junto con mi padre en la última modificación de estatuto en 2003. Hubo conversaciones con todos, se aprobó y ya. No hacen falta hombres armados ni para revisar cuentas ni estatutos. Eso es absolutamente innecesario.
-¿Qué podría pasar ahora tras la intervención?
-De ese tipo de gente no sé que se puede esperar.
La historia la cuenta el presidente de la fundación que administra -o administraba- el museo: "El 5 de junio de 2011, Mayrim Porras expulsó groseramente del museo a Marisela Soto, miembro de la familia, quien realizaba un inventario de obras con registro fotográfico de los problemas de conservación", recordó Soto, quien viajó desde París para intentar aclarar el caso.
"El 23 de junio le solicité a la señora Porras su renuncia, y acordamos que el 30 de ese mes haría la entrega de su cargo. En días posteriores, me escribió para informarme que no quería renunciar, y quedó claro que yo asumía removerla del cargo", agregó el también músico y compositor, que reside en Francia.
Luego pasó lo siguiente: la aparición de Porras con su padre Teodardo y "un gran número de hombres armados", según Soto, el decreto de intervención por parte de la gobernación del Estado y la suspensión temporal de la fundación que dirige el centro creado en 1973.
"Exijo disculpas de los allanadores a todas las personas presentes en el museo en ese momento. Así como a las que ofendieron. No acepto a las personas que hayan allanado como interlocutores válidos. Esa gente para mí está descalificada", dijo Soto, que se reunión con el ministro Pedro Calzadilla a su llegada al país.
-La junta interventora asegura que todo se dio por razones administrativas
-Si fue por razones administrativas, no hace falta una intervención armada. No hace falta un allanamiento, hace falta que haya un cambio de director y nombrar una comisión encargada de revisar la administración. No era necesario una junta interventora ni suspenderme a mí como presidente de la fundación. Además, el señor Porras dijo que no ha sucedido nada indebido. Si uno no está seguro no interviene de esa manera.
-¿Qué pasará con las obras que están en el museo?
-Espero que no sufran. Al fin y al cabo lo que interesa del museo son las obras. La gente cambia, las obras quedan. Ahí hay 680 piezas, aproximadamente.
-¿Siente temor por lo que pueda pasarles?
-Claro. Si esa gente es capaz de llegar con policías, con escoltas armados, no me parece que sea la que deba proteger una obra de arte. Que vayan a proteger una cárcel. El museo Soto no es el Rodeo. Gente que actúa así, por la fuerza, cómo actuará ante una obra. Además, ya suspendieron al jefe de seguridad, una persona que tiene 20 años trabajando ahí y del que nadie ha tenido quejas.
-¿Cree que esta junta interventora tiene la capacidad de manejar el museo?
-No sé, pero tendrá que rendir cuentas en algún momento.
-¿Cuál es la situación actual de la institución?
-Yo oficialmente no sé que pasa en el museo, cómo está funcionando. Sé que está abierto, que los empleados están trabajando, pero nada más.
-¿Cuál es el valor histórico que hay ahí dentro?
-Es muy grande. Es un poco difícil para mí calificarlo. Se trata de mi padre. Para mí es lo más importante del mundo. La obra de cualquier padre siempre será lo más importante que pueda existir. Es importante, entre otras cosas, porque es reconocido por todos los medios culturales y de artes plásticas del país desde hace 40 años.
-¿Y en esos 40 años, el museo había pasado antes por una situación así?
-Nunca. El museo ha tenido problemas, como toda institución. Ha habido cambios de directores. Quizás unos 10 en 40 años, pero un allanamiento de un grupo armado, jamás.
-¿Qué medidas tomará la Fundación Jesús Soto?
-Por ahora, la medida que tomamos es una posición de no aprobar ni reconocer el allanamiento, ni todo lo que ha sucedido después. Le escribimos al gobernador (Francisco Rangel), esperamos su respuesta. En función de ella, podemos actuar. Hay muchas formas, pero aún no sé cual será.
-¿Qué conclusiones sacó de la reunión del lunes con el Ministro de Cultura?
-La concertamos antes de salir de Francia. Cuando pude conversar con el ministerio, en seguida me invitaron a reunirme con ellos. El ministro, como tiene información por la otra parte, dice que no ha habido allanamiento. Pero yo tengo testigos. Él mandó una comisión a investigar. No sé los resultados de esa investigación. Habrá que preguntárselo a ellos.
-La junta nombró como director temporal, por los seis meses que dura la intervención, a Marlon Acosta
-Yo no conozco a ese señor. Cuando yo estaba en el museo nunca se preocupó por acercarse. Y la directora Porras nunca me puso en contacto con él. Si pensaba que él tenía conocimiento de museos, ha podido hacerlo. No lo ha hecho. Me preocupa que sea una persona que yo no conozca y me preocupa cualquier persona que nombren ellos. Cualquier persona que designen esos allanadores me preocupará. Porque alguien que apruebe un allanamiento -y Acosta participó en ese allanamiento- no puede ser aceptado por la familia Soto. Además, fue algo sin ningún fundamento legal.
-¿Quiénes son los perjudicados con todo esto?
-Los que estamos suspendidos de nuestras funciones; los empleados del museo, que han tenido que soportar eso; el pueblo de Bolívar; los venezolanos de otras partes que quieran visitar el museo, que no sé si lo harán en esas circunstancias. Hay mucha inquietud en el medio cultural guayanés. He recibido llamadas de artistas que están escandalizados. El hecho de que el museo esté en manos de personas de esa clase, los tiene muy preocupados.
-Usted asegura que el Gobierno de Bolívar intervino por un impasse profesional. ¿Pudo haberse evitado?
-Por supuesto. Si ellos mismos dicen que no saben si ha sucedido algo indebido ahí, con nombrar una comisión para averiguar qué sucedía en la administración, o pedir una discusión de los estatutos del museo, nos hubiésemos sentado a hacerlo, como sucede siempre. Yo participé junto con mi padre en la última modificación de estatuto en 2003. Hubo conversaciones con todos, se aprobó y ya. No hacen falta hombres armados ni para revisar cuentas ni estatutos. Eso es absolutamente innecesario.
-¿Qué podría pasar ahora tras la intervención?
-De ese tipo de gente no sé que se puede esperar.
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